El anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía incluye disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas, un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental, el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a su donación o reutilización.

La Ley fijará como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción. Esta práctica de “venta a pérdida” tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.

Por otra parte, la futura Ley será pionera en España al obligar a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente alimentario a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización.

La futura Ley contará también con instrumentos como la Declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de espacios donde la actividad agraria tenga una gran relevancia ambiental o social.

Según datos de la Junta de Andalucía, el sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones, contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido y 250.000 trabajadores. Destaca la industria agroalimentaria, con más de 5.500 empresas que acaparan el 27,3% del empleo y el 29,8% de valor añadido del sector industrial manufacturero en la comunidad autónoma (datos de 2015). La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más importante de España en términos de valor añadido. Lidera el ‘ranking’ nacional en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas rurales.