Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, desde la sectorial del vino, han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que “se unen para exigir el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria en el sector del vino” y que reclamarán un plan de apoyo urgente a la Administración. Sus peticiones se dirigen por una parte hacia los bodegueros, por los precios en origen y, por otra, a los gobiernos Central y autonómicos.
Respecto a los compradores de uva, consideran que “algunas bodegas están actuando con coacciones y de forma desleal, obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción”, lo que han calificado de “práctica inmoral e ilegal”.
De acuerdo con sus datos, se están pagando precios “hasta un 30 % inferiores a los del pasado año” sin “causas que justifiquen dicha caída”, ya que se prevé una campaña menor, en torno a los 41-43 millones de hectolitros.
En cuanto a las administraciones, desde Asaja, COAG y UPA reclaman distintas medidas, que han recogido en un documento y que se relacionan con que se “clarifique cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir” y que haya mayores controles de la AICA para verificar el cumplimiento de la ley de la cadena.
Además, solicitan que Ejecutivo y autonomías destinen “fondos específicos para salvar al sector del vino”, como han hecho países competidores; que haya ayudas europeas de mínimos, al ser factibles en tiempos de crisis; que los agricultores reciban ayudas de los fondos por la crisis de la COVID-19 y que se eleven las prestaciones vínicas al 15 %, frente al 10 % actual en las medidas de retirada.

FUENTE: EFEAGRO
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